Aulas vacías para enseñar que la lucha está en las calles

por Iván Mantero

Tras un año y medio de desfinanciamiento y ausencia de paritarias docentes, el sistema universitario público argentino se encuentra en una profunda crisis que pone en riesgo el funcionamiento de muchas universidades nacionales. La defensa del derecho humano a la universidad toma forma en el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, y madura en asambleas interclaustros que preparen una nueva marcha en defensa de la universidad pública.

El miércoles 28 de mayo no hubo clases en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ). Las aulas estuvieron vacías. No por desinterés, sino por decisión colectiva: docentes y trabajadores se plantaron frente a una crisis que ya no admite silencios. El 95% de las clases se suspendieron por un paro masivo.

La razón es clara: los sueldos no alcanzan, las becas están congeladas y la universidad pública está al borde del colapso. Hace dos semanas, el 12 de mayo, el Consejo Superior de la UNAJ declaró por unanimidad la Emergencia Salarial y Comunitaria.

La pérdida del poder adquisitivo del salario en 2023 equivale a cuatro sueldos. “Hay compañeros docentes que no logran cubrir las cuatro comidas del día”, denuncian desde el gremio docente ADEIUNAJ. Y este año empezó peor: en marzo no hubo aumento salarial, mientras la inflación no se detiene. El sueldo de un docente con dedicación semi-exclusiva ronda los 500 mil pesos. “Es un laburo que no sirve para pagar un alquiler, mucho menos para tener un proyecto de vida”, resume Clara Chevallier, secretaria general del gremio.

Pero el golpe no es solo para quienes enseñan. También castiga a quienes estudian. Más del 60% de las mujeres y el 70% de los varones estudiantes que trabajan lo hacen en la informalidad. Jornadas largas, sueldos bajos y condiciones que hacen imposible sostener una carrera universitaria. Mientras tanto, las becas Progresar siguen congeladas en 35 mil pesos. Con suerte, ese monto cubre el boleto de colectivo y un par de apuntes.

La situación es insostenible. “Tenemos un altísimo porcentaje de estudiantes que son primera generación universitaria. Se ven particularmente afectados por el costo del transporte, mientras las becas siguen congeladas y el Progresar se mantiene en 35 mil pesos”, advierte Chevallier al medio Enfoque Sindical. El ajuste no solo achica presupuestos: rompe trayectorias, empuja a la deserción y amenaza con desmantelar años de inclusión educativa.

El miércoles de paro no fue una pausa. Fue acción. Docentes y estudiantes marcharon a Plaza Congreso para acompañar la presentación del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario. Compartieron la calle con otros gremios, y luego se quedaron a acompañar el reclamo de las y los jubilados que todos los miércoles reclaman por sus derechos y son violentamente reprimidos.

El problema va más allá de los números. El gobierno nacional decidió no negociar paritarias, congelar las becas y ajustar por el lado más débil: los salarios. El 95% del presupuesto universitario se va en sueldos. Si se recorta ahí, lo que se recorta es la universidad misma.

Por eso el paro. Por eso la marcha. Por eso la bronca organizada que crece. Porque no se trata solo de salarios. Se trata de defender una universidad pública, democrática y popular, donde el acceso al conocimiento no dependa del bolsillo.

“Interrumpimos la normalidad para visibilizar la crisis”, dice el comunicado de ADEIUNAJ, para afirmar que las aulas están vacías “para enseñar que la lucha está en las calles”.

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